Reforma electoral Plan B: ¿Qué es y qué cambia tras su avance en la Cámara de Diputados?
Tras varias sesiones de debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma electoral.
Luego de un debate de más de 16 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el llamado 'plan B' que fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta reforma electoral fue aprobada con 337 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y 102 votos en contra por parte del PAN y el PRI.
¿Qué es el Plan B de la reforma electoral?
El llamado Plan B de la reforma electoral consiste en un conjunto de cambios legales impulsados tras no lograr aprobarse una reforma constitucional previa. Estas modificaciones se centran en leyes secundarias con el objetivo de reestructurar diversos aspectos del sistema electoral mexicano.
Entre los temas más debatidos se encuentran la reorganización administrativa, la reducción de estructuras y los ajustes a los procedimientos internos del INE. No obstante, expertos han señalado que estas medidas podrían afectar la capacidad operativa del organismo.
¿Cuáles artículos se modificarán?
La reforma electoral contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Mexicana.
En el caso del artículo 115, se propone limitar a un máximo de 15 el número de regidores en los ayuntamientos; el artículo 116 establece un tope de 0.70 por ciento al presupuesto de los congresos estatales.
En cuanto artículo 134 plantea que los funcionarios del INE, los OPLES y los tribunales electorales no perciban salarios superiores al de la presidenta, además de incluir un recorte gradual del 15 por ciento al presupuesto del Senado.
En el debate realizado en la Cámara de Diputados, integrantes de Morena sostuvieron que la reforma busca optimizar el uso de recursos y reducir gastos innecesarios. Por otro lado, la oposición ha advertido que esta iniciativa podría afectar la autonomía del sistema electoral.
Asimismo, la discusión ha incluido cuestionamientos sobre la legalidad y constitucionalidad de las propuestas, además de la posibilidad de que sean analizadas posteriormente por órganos judiciales.
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