Presunta víctima de Dani Alves pide que siga en prisión por el riesgo de fuga

La defensa de la mujer argumenta que Alves podría escapar de España, gracias a que cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.

Alves busca cómo salir de la cárcel. (AP)

La joven que denunció por violación a Dani Alves pidió a la Audiencia de Barcelona que mantenga en prisión al futbolista alegando que persiste el riesgo de huida, dadas sus elevados recursos económicos, como propietario de varias empresas en España y en Brasil.

Ester García, abogada de la víctima, presentó este jueves un escrito ante la Audiencia de Barcelona en el que se opone al recurso que presentó la defensa de Alves contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva por violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.

El escrito, precisaron fuentes jurídicas a EFE, rebate los argumentos que la defensa de Alves esgrimió para tratar de demostrar que no hay riego de que el futbolista escape de la acción de la justicia y se opone a las medidas alternativas que este planteó, entre ellas llevar una pulsera telemática que garantice que está localizado.

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La abogada de la víctima adjuntó en el informe remitido a la Audiencia documentación relativa a las empresas brasileñas vinculadas al futbolista, con el fin de demostrar que este cuenta con suficientes recursos económicos en su país de origen, además de las sociedades que administra en España, aunque haya sido despedido del Pumas y varias marcas haya suspendido sus contratos con él.

Otro de los razonamientos de la acusación es que Alves cuenta con doble nacionalidad española y brasileña y que no existe convenio de extradición entre ambos países, argumento que en su día ya esgrimió la jueza instructora cuando acordó enviarlo a prisión sin fianza.

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Respecto a la pulsera telemática que plantea la defensa de Alves, la abogada de la víctima duda de la viabilidad de esa medida de control: se trata de un mecanismo que suele utilizarse para impedir el acercamiento de un agresor a sus víctimas -que habitualmente llevan un chip que alerta a la policía si detecta una aproximación- y no para asegurar que una persona no salga del país.


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