Shakira y Piqué se reencuentran para firmar su acuerdo de separación

La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué firmaron este jueves en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permitirá a la artista poder establecerse con sus hijos, Milan y Sasha, en Miami, Estados Unidos.

El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos tras su separación, anunciada esta primavera.

Shakira y Piqué llegaron hoy por separado al juzgado y acompañados de los respectivos letrados.

Tras rubricar el acuerdo, el letrado de Gerard Piqué, Ramon Tamborero, explicó a la prensa que "los dos están más tranquilos, más relajados", y han pensado "en el bien de sus hijos".

El trámite de la firma transcurrió de forma "correcta, como no se esperaba de otra manera, delante del juzgado, y a partir de ahora a esperar la sentencia una vez que el fiscal apruebe el convenio", destacó Tamborero.

El abogado desmintió algunas informaciones que aseguraban que el acuerdo impedía a Piqué establecer su residencia en Miami o que no podrían verse con los niños acompañados de sus futuras parejas.

Por su parte, ni la letrada de Shakira ni la propia cantante quisieron atender a la prensa.

Un acuerdo que garantiza el bienestar de sus hijos

Hace unas semanas, Shakira y Piqué explicaron en un comunicado que habían firmado "un acuerdo que garantiza el bienestar" de sus hijos y que estaba pendiente de ratificarse ante el juzgado "como parte de un trámite meramente formal".

Fuentes del entorno de la cantante explicaron entonces a EFE que la artista prevé mudarse a Miami con sus hijos a principios del próximo año desde Barcelona, ciudad donde nacieron, han vivido los últimos ocho años y están escolarizados.

La artista tiene ya desde hace años una residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también.

Más allá de la cuestión de la separación y la custodia de los niños, Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública. La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros (cerca de 24 millones de dólares).