Alan está desempleado. Poco tiene que ver con la pandemia o con su falta de experiencia; es que, en caso de contratarlo, su próximo patrón —además del salario y demás prestaciones que Alan tiene derecho a recibir— deberá pagarle al empleador anterior en México una suma millonaria. Grosso modo, esto es el Pacto de Caballeros. El caso es real y describe lo que vivió Alan Pulido al volver a México después de jugar tres años en Grecia. Alan quería jugar en Chivas, pero Tigres requería un alto pago por la carta de jugador.
Alan y el resto de los jugadores afectados por este acuerdo suelen no denunciar su ejercicio, pues sacarlo a la luz podría implicar que el resto de los empleadores cierren sus puertas para ellos. Un callejón sin salida.
Aquí abordo el tan manoseado concepto de Pacto de Caballeros y explico varios elementos que lo orbitan, algunos legales —analizándolo como un acuerdo ilegal de naturaleza preferencial—, otros económicos —explicando su conveniencia— e inclusive probabilísticos, que dejan claro porque desde un punto de vista comercial y estratégico es conveniente ejercitarlo.
¿Qué es el Pacto de Caballeros?
El Pacto de Caballeros ha sido el acuerdo por el que dos o más clubes se obligan a no contratar a un jugador cuyo contrato ha vencido sin pagar una contraprestación a su club original. No obstante, implica una limitación que los clubes asumen para sí mismos consistente en no contratar nuevos jugadores, debe ser comprendido como un acuerdo que se celebra en beneficio propio; para evitar que el resto de los clubes contraten —sin contraprestación alguna de por medio— a sus propios jugadores.
Este tipo de acuerdos no son exclusivos de la industria del futbol. En la práctica, el pacto implica una suerte de derecho de preferencia (o primera opción) en favor del titular de la carta de un jugador. Así, si alguien desea comprarlo o negociar su carta, habría de darle prioridad a su empleador original. Esta prioridad se traduce en el monto a ser pagado al empleador originario a cambio de su renuncia al derecho prioritario.
Los participantes en el ecosistema del futbol mexicano han señalado que el Pacto de Caballeros se dio por terminado legalmente en 2018, una fraseología poco afortunada considerando que siempre ha sido ilegal, cuando menos, por atentar en contra del artículo 18 del reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA ,según está redactado desde 1995 y que indica que ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes.
La consecuencia más manifiesta del Pacto de Caballeros —además de limitar la competencia entre los clubes— es la restricción de la capacidad contractual y laboral de los jugadores como Alan. Esta libertad se encuentra protegida por el artículo 5 Constitucional que establece que la libertad de trabajo solo puede vedarse por determinación judicial o resolución gubernativa en ciertos supuestos. Asimismo, el pacto restringe la capacidad de negociación de los deportistas para obtener mejores salarios.
Los 'caballeros' del pacto
Pacto de caballeros. ¡Vaya nombre! Su elección no es fortuita. Su denominación, de hecho, reconoce que el acuerdo es ilícito y no es jurídicamente exigible y que, por tanto, su cumplimiento descansa en la palabra o el honor de ser precisamente aquello: caballeros. Y es cierto. Los acuerdos de este tipo son ilegales porque implican conductas prohibidas. Las prohibiciones, al menos en México, se encuentran tanto en el artículo 5 Constitucional, como en la legislación civil y en la Ley Federal de Competencia Económica que establece que este tipo de acciones —identificadas como prácticas monopólicas absolutas— no producen efectos entre las partes. La ilegalidad del pacto conduce a su inejecutabilidad, es decir, los sujetos contratantes no están obligados a su cumplimiento y su violación no importa consecuencia legal alguna (las negritas son mías).
Los actores del balompié nacional han estado conscientes de lo anterior: tanto que denominaron a su pacto de forma tal que funja como un recordatorio constante de aquello en lo que se funda; el honor —y beneficio económico— de los contratantes.
Si el Pacto de Caballeros no tiene fuerza legal, ¿por qué sus partes optan (u optaban) por cumplirlo? La respuesta la encontramos en la teoría de juegos que tanto ha servido para explicar a los carteles, procesos de toma de decisiones y estrategias de cooperación entre competidores. A los clubes les conviene — por donde se vea— la vigencia del tratado. Los actores del futbol mexicano han analizado cuidadosamente sus números, sus posibilidades, sus costos y qué tan probable es que la autoridad los detecte y sancione. Podríamos decir que los clubes están entre la espada y la pared; siendo la espada las sanciones que les puedan ser impuestas y la pared el riesgo de perder a Florian Thauvin —valuado en aproximadamente 17 millones de euros— sin recibir dinero a cambio. Económicamente es razonable que cedan ante la pared.
El pasado 23 de septiembre, la Comisión Federal de Competencia Económica blandió su espada anunciando la sanción impuesta a 17 clubes de la Liga MX, a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a ocho personas físicas, entre otras conductas, por el Pacto de Caballeros. Esta práctica, según ha señalado la autoridad, fue realizada al menos durante 10 años y concluyó —aparentemente— en el 2018. Fuentes consultadas involucradas con la industria del futbol en México confirman que tal conclusión es simulada.
La sanción impuesta por la COFECE por la colusión en el mercado de fichaje de futbolistas asciende aproximadamente a los 177 millones de pesos, lo que representa más del doble del aparente daño realizado al mercado —que ronda los 83 millones—. Digo aparente ante la sabida dificultad de conocer los números reales que se manejan en el futbol, considerando a todos los actores involucrados: el jugador, su representante, los clubes y la FMF, así como los convenios de confidencialidad que se celebran entre sí.
La resolución emitida por el pleno de la Comisión no prohibió nada nuevo; sanciona. Y como toda sanción, lo que modificará en el futbol mexicano es la ecuación que realizan los clubes y la FMF para decidir si continúan o no con el pacto. Su estrategia. Nada más. En todo caso, impactará en el valor de los jugadores. Estas penas llegan al futbol mexicano como un no-tan-costoso recordatorio de la ilegalidad de su conducta; sin embargo, difícilmente modificarán su actuar. La sanción ni restituye el daño causado —ni a los jugadores, ni a la afición— ni disuade completamente a los clubes de continuar realizándola.
Independientemente de lo que suceda con la sanción, sobre todo considerando que la Liga y la FMF —desde el día en que la resolución se hizo pública— señalaron que no la recurrirán, quizás más importante será que la resolución fungirá como un recordatorio para los jugadores de la ilicitud del arreglo que afecta sus derechos laborales. La coordinación de los jugadores frente a los clubes que insistan en perpetuar estas prácticas anticompetitivas, sí podrá fungir como un verdadero límite a las mismas. Este recordatorio a los jugadores ha intentado ser propagado desde hace tiempo; en el mundo a través de la Ley Bosman desde el 95, en México desde 2017 por la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) creada a iniciativa de jugadores en busca de mejores condiciones de empleo. Esta última nos recuerda que los verdaderos profesionales no pagan por jugar: ningún club te debe pedir dinero por tu registro, uniformes, transporte, hidratación, ni por nada, esto es ilegal. Y es que existe la opinión popular de que en México necesitamos una Ley Bosman cuando, en realidad, la tenemos.
Quizás —solo quizás— cuando Alan esté consciente de lo ilegal de la conducta que se practica en contra de sus intereses y decida actuar en consecuencia, los clubes encontrarán un verdadero obstáculo físico que funja como su nueva pared; un cuerpo de jugadores consciente y con herramientas para defender sus derechos laborales.
Vanessa Romero: Es abogada. Estudió derecho en la Escuela Libre de Derecho, así como una Maestría en dicha Escuela y en University College London. Ha publicado en Porrúa sobre cuotas de género y la igualdad en México.